Funcionamiento y Competencia en el Mercado de Servicios Complementarios en el Sistema Eléctrico Nacional de Chile

 1.     Introducción

El artículo 72°-7 de la Ley General de Servicio Eléctricos, incorporado mediante la Ley N° 20.936 de 2016, introdujo en Chile una nueva regulación para la prestación de Servicios Complementarios (SSCC) en el mercado eléctrico mayorista, estableciendo la posibilidad de que dicha prestación se materialice mediante mecanismos de mercado en el Sistema Eléctrico Nacional.  Entre los SSCC se encuentran, por ejemplo, los servicios para la regulación de frecuencia (primaria, secundaria y terciaria), los servicios para la regulación de tensión y los servicios para la recuperación del sistema ante falla. Estos servicios son necesarios para una operación segura y continua del sistema eléctrico, manteniendo la frecuencia y tensión del sistema dentro de los límites de calidad de la operación establecidos en la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio. En caso de una falla del sistema, algunos servicios (como la partida autónoma) permiten recuperar el suministro eléctrico de la manera más eficiente posible.

En el nuevo régimen, los coordinados presentes en el sistema eléctrico deben poner a disposición del Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador) todos los recursos técnicos y/o infraestructura que dispongan o deban instalar para la prestación de los SSCC, debiendo el Coordinador establecer el mecanismo mediante el cual dicha prestación debe materializarse y remunerarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley. 

La regulación específica para el funcionamiento de los mercados de SSCC se encuentra establecida en el Reglamento de Servicios Complementarios, DS N° 113/2017 del Ministerio de Energía, y en la Norma Técnica de Servicios Complementarios, aprobada mediante RE  N° 786/2019 de la Comisión Nacional de Energía (CNE), así como en varias Resoluciones Exentas emitidas por la misma CNE.

A continuación, se presentará una descripción del funcionamiento del nuevo mercado de SSCC vigente en Chile, para posteriormente analizar algunos problemas de competencia que ha presentado últimamente en las subastas y recomendaciones. 

2. Funcionamiento del Mercado de SSCC

En el mercado de SSCC chileno se puede identificar cuatro etapas: determinación de los servicios, asignación, remuneración y pago por parte de los usuarios. 

2.1    Determinación de los SSCC

La CNE define, junto con el Coordinador, los SSCC que deben prestarse en el sistema eléctrico para su correcto funcionamiento. El Coordinador, por su parte, debe elaborar anualmente un informe en el cual identifica los SSCC que va a requerir el sistema eléctrico el siguiente año, los recursos que estarán disponibles en el sistema para su prestación, los nuevos recursos que deben ser instalados en el sistema, así como su calendarización y el mecanismo por el cual se materializará su prestación y/o instalación. En este informe, el Coordinador debe también analizar y establecer si existen condiciones para la competencia en el mercado de cada uno de los SSCC definidos, a fin de asignarlos mediante subastas. Para ello utiliza el indicador RSI3 (por “Residual Supply Index”), que permite estimar si la demanda del SSCC puede ser abastecida o no por las empresas existentes sin considerar las 3 empresas con mayores recursos técnicos.  En forma general, la fórmula del RSI3 utilizada por el coordinador es:

RSI3=(RT-RT3)/D

donde, RT es el total de recursos técnicos disponibles en el sistema eléctrico para la prestación del SSCC analizado, RT3 es la suma de los recursos de las 3 empresas con mayor recurso técnico disponible y D es el requerimiento o demanda total del SSCC en el sistema.

El RSI3 está relacionado al concepto de “demanda residual” de una empresa o grupo de empresas, el cual determina la demanda que puede abastecer una empresa sin competencia, una vez que se resta a la demanda de mercado toda la oferta que pueden colocar sus competidores a distintos precios de mercado. En caso de que la demanda residual sea positiva, la empresa analizada sería un “monopolio” y poseería “poder de mercado” con respecto a su demanda residual, ya que ninguna otra empresa tendría la capacidad de competir por dicha demanda en el corto plazo, pudiendo cobrar precios por arriba de su costo marginal. Esta situación correspondería a un valor del RSI3 menor a uno.  En cambio, si la demanda residual es cero, la empresa no podría ejercer poder de mercado. Esta situación correspondería a un valor del RSI3 mayor a uno.

En el último informe del Coordinador se señala que, de los servicios de regulación de frecuencia, solamente el servicio de control de frecuencia primaria de subida (CPF+) no debe ser asignado mediante subastas porque no existen condiciones de competencia para su asignación. El resto de los servicios de regulación de frecuencia, de acuerdo al Coordinador, sí podrían ser asignados mediante subastas competitivas. Del resto de SSCC definidos, solamente los esquemas de desconexión automática de carga (EDAC) por subfrecuencia podrían ser asignados en subastas competitivas, y el resto debe prestarse por instrucción directa del Coordinador.

Finalmente, cada cuatro años el Coordinador debe realizar un estudio de costos que sirve de base para valorizar y remunerar los Servicios Complementarios que deben ser prestados y/o instalados directamente en el sistema eléctrico, cuando las condiciones del mercado no son competitivas. Dicho estudio debe especificar costos de inversión y mantenimiento de los recursos que deben ser instalados en el sistema eléctrico, costos de prestación o mecanismos de valoración de los servicios y fórmulas de indexación.  Dicho estudio puede actualizarse antes del siguiente, cuando se requiera determinar costos de servicios o instalaciones no contemplados en el estudio vigente. 

2.2    Asignación de los servicios

Para la etapa de asignación, el Coordinador dispone de tres mecanismos a través de los cuales puede materializar la prestación de los Servicios Complementarios que requiere el sistema: subastas, licitaciones o instrucción directa del Coordinador, los cuáles se detallan a continuación.

Subastas. De acuerdo con el reglamento de SSCC, el Coordinador debe utilizar el mecanismo de subastas cuando concurren dos condiciones: cuando el requerimiento del servicio sea de cortísimo plazo  y cuando el Coordinador ha determinado que existen condiciones de competencia para su prestación. Los servicios que se pueden prestar en el cortísimo plazo debieran utilizar, en la mayoría de los casos, los recursos técnicos ya instalados en el sistema eléctrico. 

El reglamento entiende por “cortísimo plazo” cuando la prestación del servicio es por un plazo inferior a seis meses y el periodo que media entre la presentación de ofertas y la prestación del servicio es inferior a 15 días. El mecanismo de subasta fue utilizado por primera vez en enero 2020, para la prestación de los servicios de control secundario y terciario de frecuencia. Sin embargo, en septiembre de 2020 el Coordinador decidió paralizar las subastas, aduciendo competencia insuficiente. En octubre de 2020 el Panel de Expertos Eléctrico revocó esa decisión, por falta de justificación por parte del Coordinador. En diciembre de 2020 el Coordinador reactivó nuevamente las subastas, pero bajo las nuevas condiciones establecidas en las RE N° 442/2020, 443/2020 y 493/2020 de la CNE. Actualmente, las subastas son utilizadas para asignar cinco servicios de regulación de frecuencia: control primario de frecuencia de subida (CPF+), control secundario de frecuencia de subida y bajada (CSF+ y CSF-) y control terciario de frecuencia de subida y bajada (CTF+ y CTF-).

La Resolución Exenta N° 442/2020 de la CNE establece que, en las subastas de Servicios Complementarios, los oferentes solamente deben ofertar un precio que incluya el costo de desgaste de sus instalaciones, provocado por la provisión del servicio, así como costos de mantenimiento, habilitación y/o implementación del servicio.  Los costos de oportunidad y sobrecostos por proveer el servicio no deben ser considerados en las ofertas, ya que son remunerados como pagos laterales, de acuerdo con la provisión real del servicio por parte del oferente y considerando el costo marginal real del sistema. Antes de esta resolución, las ofertas debían incluir todos los costos que incurren los oferentes por prestar el servicio, incluyendo sobrecostos y costos de oportunidad.

Los costos de oportunidad y sobrecostos que se calculan para los servicios de control de frecuencia varían dependiendo de si se trata de servicios de subida o bajada de carga.  De acuerdo con el Informe de Monitoreo de la Competencia en el año 2021, realizado por el Coordinador, éstos se calculan utilizando los siguientes criterios: 

a)  Para los servicios de control de frecuencia de subida, las unidades que fueron despachadas por orden de mérito y que prestan el servicio, deben reservar la potencia que comprometieron para su prestación, sin poder inyectarla al sistema, lo cual genera un costo de oportunidad en cada periodo, que se puede calcular como:

CO=max(0,CMg-CV)*Adj*(1-FA)

Donde CO corresponde al costo de oportunidad de la unidad en el periodo, CMg corresponde al costo marginal real en la barra de inyección de la unidad respectiva, CV es el costo variable declarado de la unidad,  Adj es la cantidad adjudicada a la unidad para la prestación del servicio, que mantuvo disponible y sin inyectar al sistema, y FA es el factor de activación, que es igual a 1 si la unidad debió inyectar al sistema la cantidad adjudicada que tenía en reserva, o 0 si no lo tuvo que hacer. 

b)  Para los servicios de control de frecuencia de bajada, las unidades que fueron despachadas por orden de mérito y se encuentran inyectando y vendiendo carga al sistema en un determinado periodo, cuando el Coordinador les ordena activar el servicio deben reducir su inyección al sistema hasta la cantidad adjudicada, lo cual genera un costo de oportunidad que se puede calcular como: 

CO=max(0,CMg-CV)*Adj*FA

c)  Para los servicios de control de frecuencia de subida que utilizan unidades con potencia mínima a la que pueden operar (mínimo técnico), existen dos sobrecostos: el primero se origina cuando la unidad opera a mínimo técnico como reserva en giro, fuera del despacho económico, durante el periodo que presta el servicio, y el segundo se origina cuando se activa el servicio y la unidad debe inyectar la cantidad comprometida para el servicio, también fuera de despacho económico, lo cual se resume en la siguiente fórmula: 

SC=max(0,CV-CMg)*(MT*Prorrata+Adj*FA)

Donde SC corresponde al sobrecosto, MT corresponde a la potencia de mínimo técnico a la que funciona la unidad respectiva, Prorrata corresponde al porcentaje de la potencia MT que la unidad dedica a la prestación del servicio,  y el resto de la notación corresponde a lo señalado anteriormente. La fórmula también es aplicable a centrales que no tienen mínimo técnico, como los embalses y las turbinas gas-diesel, pero que al prestar el servicio deben operar fuera del despacho económico, en cuyo caso MT=0.  

d)  Para los servicios de control de frecuencia de bajada que utilizan unidades fuera del despacho económico, como reserva en giro, dichas unidades deben producir carga igual a su mínimo técnico más la cantidad adjudicada para proveer el servicio, y al activarse el servicio deben reducir su inyección en la cantidad adjudicada, por lo que su sobrecosto se puede calcular con la siguiente fórmula: 

SC=max(0,CV-CMg)*(MT*Prorrata+Adj*(1-FA))

Las fórmulas utilizadas anteriormente sirven para fines ilustrativos. Las fórmulas concretas que utiliza el Coordinador se encuentran establecidas en las RE 443/2020, RE 493/2020, en el estudio de costos, en la norma técnica y en los balances de los SSCC.

Adicionalmente, el Coordinador también calcula sobrecostos que se originan por diferencias en el rendimiento de las centrales, tanto térmicas como renovables, por operar a distintos niveles de carga para proveer el servicio.

Las Resoluciones Exentas N° 443/2020 y 493/2020 de la CNE establecen las condiciones que debe seguir el Coordinador para evaluar las ofertas que sean recibidas en una subasta de servicios de control de frecuencia secundario y terciario y de control de frecuencia primario de subida, respectivamente: 

• En primer lugar, para cada servicio y bloque horario que está siendo subastado se debe calcular el RSI3.  
• Si el valor del RSI3 es menor a uno, no se evalúan las ofertas que hayan realizado las tres empresas con mayores recursos técnicos para proveer dicho servicio y bloque; por otro lado, se verifica que las ofertas que hayan realizado las demás empresas sean menores al precio techo de la subasta (Valor Máximo de Remuneración) para que puedan ser consideradas en la adjudicación. 
• Si el valor del RSI3 es mayor a uno, se evalúan todas las ofertas recibidas, pero en forma asimétrica. Las ofertas realizadas por las tres empresas con mayores recursos técnicos deben ser menores a un “costo representativo de desgaste”, definido por la CNE,  para que puedan ser consideradas en la subasta; en cambio, las ofertas que hayan realizado las demás empresas deben ser menores al precio techo para que puedan ser consideradas en la adjudicación.  En la RE 443/2020 se establecen provisionalmente unos costos de desgaste representativos por tipo de tecnología, los cuáles varían desde 10 USD$/MWh para una central a carbón hasta los 2 USD$/MWh para una central de energía renovable (hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, geotérmica y almacenamiento).

Las subastas las debe realizar directamente el Coordinador mediante una plataforma informática y deben adjudicarse a aquellas ofertas que permitan la operación más económica del sistema eléctrico.  Los ganadores de las subastas se obligan a cumplir con todas las condiciones establecidas por el Coordinador para la prestación de los SSCC subastados, durante el periodo establecido para la prestación de estos.

Licitaciones. De acuerdo con el reglamento, el Coordinador debe utilizar el mecanismo de licitaciones para adjudicar un SSCC cuando su requerimiento no es de cortísimo plazo o cuando implique la instalación de nueva infraestructura en el sistema.  Los servicios que se deben licitar deben establecerse en el informe anual del Coordinador. 

Las licitaciones pueden ser nacionales o internacionales y deben ser realizadas por el Coordinador, el que publica las bases respectivas en su sitio web, estableciendo las especificaciones técnicas de los servicios licitados, el periodo de prestación de estos, las condiciones del proceso, el mecanismo de evaluación y adjudicación de las ofertas, la información que deben entregar los participantes y los requisitos técnicos y financieros que deben cumplir las ofertas.  La CNE puede fijar el valor máximo de las ofertas de las licitaciones que se realicen, el cual puede mantenerse en reserva hasta el momento de la apertura de las ofertas.

Las licitaciones deben adjudicarse a las ofertas más económicas que se reciban, de acuerdo con el mecanismo de evaluación y adjudicación establecido en las bases. Los ganadores de las licitaciones deben firmar un contrato de SSCC con el Coordinador, en el que se estipularán las condiciones de prestación de los servicios licitados, cuya duración debe coincidir con el periodo de prestación establecido en las bases. 

En caso de declararse alguna licitación total o parcialmente desierta, el Coordinador puede realizar una nueva licitación del servicio si las condiciones de seguridad del sistema eléctrico lo permiten, caso contrario, debe instruir su prestación directa.

Instrucción Directa.  De acuerdo con el reglamento, el Coordinador puede ordenar la prestación directa y obligatoria de un SSCC en los siguientes casos: cuando las condiciones de mercado para la prestación del servicio no son competitivas, en caso de que la subasta de un servicio complementario se declare total o parcialmente desierta y en caso de que la licitación de un servicio complementario se declare total o parcialmente desierta y las condiciones de seguridad del sistema no permiten la realización de una nueva licitación.

Cuando la prestación obligatoria del servicio deba hacerse con recursos técnicos existentes en el sistema, el Coordinador identificará a los coordinados e instalaciones que deben efectuar su prestación. En caso de que la prestación del servicio requiera instalar nueva infraestructura en el sistema, el Coordinador debe determinar el coordinado responsable de instalar dicha infraestructura, los plazos que tiene para hacerlo y su vida útil.  Al momento de determinar la instalación obligatoria, el Coordinador debe considerar las alternativas que resulten en la operación segura y más económica del sistema o subsistema eléctrico, así como puede considerar otros criterios establecidos en el reglamento.

2.3 Remuneración de los servicios

En la etapa de remuneración, el Coordinador reconoce distintos tipos de gastos y costos en los que incurren los coordinados por proveer cada servicio complementario, los que pueden incluir costos de inversión, habilitación y mantención, en el caso de nueva infraestructura y equipos que requieran ser incorporados al sistema eléctrico para prestar los servicios, así como costos de oportunidad, activación y desgaste por prestar cada servicio, en el caso de recursos existentes en el sistema. 

La remuneración de los Servicios Complementarios depende directamente de la forma en que fueron asignados: 

• Los servicios asignados mediante subastas o licitaciones competitivas se remuneran en función del valor al cual fueron adjudicados. De existir pagos laterales (costos de oportunidad y sobrecostos), estos son calculados por el Coordinador y se suman al valor de adjudicación.
• Los servicios provistos por instrucción directa, debido a que sus subastas o licitaciones fueron declaradas parcial o totalmente desiertas, se remuneran en función de los valores máximos o mecanismos de valorización fijados para la respectiva subasta o licitación, o los que determine la CNE en caso de que no hayan sido fijados. En el caso de las subastas declaradas parcial o totalmente desiertas, desde diciembre de 2020, el coordinador remunera los costos de desgaste de los servicios que tuvieron que ser provistos por instrucción directa a un valor de cero.  
• Los servicios que fueron provistos por instrucción directa del Coordinador, debido a que no existen condiciones de competencia en su mercado, se remuneran de acuerdo con los valores y mecanismos de valorización establecidos en el informe de costos del Coordinador.  

El reglamento establece que solo se deben remunerar los Servicios Complementarios efectivamente prestados y/o efectivamente disponibles en el periodo requerido. Por esta razón el Coordinador debe verificar que los recursos técnicos comprometidos estén efectivamente disponibles y la infraestructura nueva esté debidamente instalada y habilitada para prestar el servicio. Asimismo, en caso de activación de algún recurso técnico, solo se debe remunerar lo realmente aportado por la unidad al servicio. Como una misma instalación puede prestar varios servicios complementarios en una hora de servicio, el Coordinador debe establecer la proporción del tiempo de prestación efectiva de cada uno.

2.4    Pago de los servicios 

Una vez determinada la remuneración, los usuarios finales y coordinados deben pagar los gastos y costos en que se incurrieron para proveer los SSCC. Para ello el Coordinador calcula el monto acumulado de los gastos y costos de los servicios prestados cada seis meses. 

En el caso de la nueva infraestructura, los gastos y costos incurridos se utilizan para calcular un cargo único que todos los usuarios finales deben pagar mediante su consumo de energía.  En el caso del uso de recursos técnicos ya existentes en el sistema eléctrico, utilizados para prestar los SSCC, estos son pagados por las empresas de generación que realizan retiros del sistema eléctrico para abastecer a sus clientes, a prorrata de sus retiros de energía. No obstante, es usual que las empresas de generación incluyan una cláusula de traspaso de estos costos adicionales en los contratos de suministro de sus clientes, por lo que también son éstos últimos los que terminan pagando por los SSCC prestados.

3.    Algunos problemas y desafíos del actual sistema de subastas de SSCC

Como fue señalado en la sección anterior, las subastas pueden ser utilizadas cuando la prestación del servicio es de muy corto plazo, utilizando los recursos existentes en el sistema y cuando existen condiciones de competencia para una subasta de acuerdo con el informe anual del Coordinador.  

Una característica importante de los SSCC es su naturaleza de “bien público” para el sistema eléctrico. Los servicios de control de frecuencia de subida o bajada, por ejemplo, requieren que cierta capacidad de generación esté disponible como reserva, para inyectar o reducir carga cuando el Coordinador lo indique, y en principio casi todas las centrales pueden participar en su provisión. No obstante, aunque proveer estos servicios permite un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico que beneficia a todos los coordinados, solamente ocasionan costos (de oportunidad, sobrecostos y de desgaste) a los generadores que los proveen, por lo que tienen pocos incentivos a participar voluntariamente en su provisión si otros generadores también pueden proveerlo (el problema del “free-rider”), a menos que puedan recuperar sus costos y obtener alguna ganancia adicional. 

La creación del sistema de subasta de SSCC tuvo por objeto resolver el problema de bien público y dar incentivos a que los generadores participen voluntariamente en la prestación del servicio, permitiéndoles recuperar costos y obtener alguna ganancia adicional. La gran promesa de este sistema es que, en la medida que exista una gran cantidad de participantes con suficientes recursos participando en ellas, los recursos se debieran asignar en forma económicamente eficiente y las ganancias adicionales que obtengan los generadores deberían reducirse por la mayor competencia.  

Para asegurar una adecuada participación y competencia en las subastas, no solamente es importante su diseño y formato, sino también se debe considerar las opciones y ganancias que pueden obtener los generadores cuando no participan en ellas (el “outside option”), ya que esto afecta el costo de oportunidad de participar. En la actualidad, por ejemplo, si los generadores deciden no participar en las subastas, estas pueden quedar total o parcialmente desiertas, permitiendo al Coordinador instruir en forma directa su provisión a algunos coordinados.  Si a un coordinado que decidió no participar en la subasta le toca proveer el servicio por instrucción directa del Coordinador, puede recuperar todos los costos de oportunidad y sobrecostos que incurre por prestarlo, con las mismas fórmulas que el Coordinador aplica para calcular el pago lateral en las subastas, aunque no recupera el costo de desgaste. El costo de desgaste, sin embargo, representa menos del 1% del pago total que reciben los coordinados por la prestación del servicio de regulación de frecuencia, lo cual significa que prácticamente todo el ingreso que pueden recibir los coordinados por prestar estos servicios los pueden obtener si participan o no en las subastas. Si el costo de oportunidad de no participar en las subastas es mayor al costo de desgaste que no recibirían, los coordinados decidirán no participar. Este fenómeno posiblemente esté incidiendo en la cada vez menor participación en las subastas de SSCC, señalada por el Coordinador en su presentación del Informe de Monitoreo de la Competencia de este año.

Otro problema detectado es el bajo incentivo que ofrece el sistema de subastas actual para la participación del almacenamiento en la prestación de los servicios de regulación de frecuencia. Lo anterior, porque las fórmulas utilizadas por el Coordinador para calcular los costos de oportunidad y sobrecostos que incurre una central por prestar estos servicios no se hacen cargo de la naturaleza inter temporal del costo de oportunidad de los sistemas de almacenamiento. Una parte importante de la remuneración a la inversión de estos sistemas está en la posibilidad de arbitrar precios, cargando cuando el costo marginal de la energía es bajo y descargando cuando es alto.  Mantener una parte de su capacidad como reserva para el control de frecuencia de subida, por ejemplo, impediría que el sistema de almacenamiento venda la carga que debe inyectar por prestar el servicio, en el momento de mayor precio, ocasionándole un costo de oportunidad por el diferencial de precios en ambos periodos. Asimismo, mantener una parte de su capacidad como reserva para el control de frecuencia de bajada, puede impedir que el sistema cargue toda su capacidad en el momento de menor precio, ocasionando también un costo de oportunidad.

Finalmente, el Coordinador ha expresado en su último Informe de Monitoreo a la Competencia su deseo a transitar a un sistema de subastas day-ahead de energía, que reemplace el actual sistema de despacho por costos auditados y que además considere la prestación de SSCC.  Salvo que el Coordinador considere mantener el mismo sistema de pagos laterales en base a costos variables auditados, las ofertas de los generadores en el mercado day-ahead podrían también utilizarse para calcular los costos de oportunidad y sobrecostos que incurran los participantes por la provisión de los servicios de control de frecuencia. En un esquema de subasta competitiva de segundo o n-mejor precio, con generadores que solo participan vendiendo energía en el mercado mayorista, las ofertas debieran parecerse a los costos variables reales de cada generador inyectando a plena capacidad, por lo que podrían utilizarse para este fin. No obstante, el diseño de este esquema presenta un desafío para el Coordinador, por las características propias del mercado chileno, en el cual las empresas de generación son las únicas que participan en ambos lados del mercado mayorista, inyectando energía con sus centrales y retirando energía para abastecer sus contratos de largo plazo al costo marginal del sistema, por lo que comprender cómo las posiciones excedentarias o deficitarias de cada empresa  pueden afectar sus ofertas y la competencia en el mercado day-ahead es un desafío importante en su diseño. Una empresa tiene una posición excedentaria si la carga que inyectan sus centrales al sistema es mayor a la carga que retiran sus clientes contratados, y viceversa para una posición deficitaria.

4.    Algunas Recomendaciones

Para incentivar una mayor participación en las subastas, es necesario que el Coordinador afecte en mayor medida el costo de oportunidad de participar en las mismas. Una alternativa puede ser que el Coordinador reconozca un porcentaje menor (90%-95%, por ejemplo) de los costos de oportunidad y sobrecostos que resulten de aplicar las fórmulas, cuando tiene que recurrir a la instrucción directa del servicio, y reservar el pago completo para la asignación en subastas.  El Coordinador y la CNE también deben revisar los valores de reserva que están siendo utilizados en las subastas, ya que los coordinados tienen incentivos a participar en las subastas siempre que cubran sus costos y obtengan algún beneficio, y en el caso de los generadores con mayores recursos, sus ofertas no pueden ser mayores al valor máximo calculado para el costo de desgaste. Si sus costos reales son mayores a ese máximo, no tendrán incentivo a participar en las subastas. 

Para incentivar la participación de los sistemas de almacenamiento en las subastas y aumentar la competencia, es necesario considerar la naturaleza inter temporal de su costo de oportunidad en las fórmulas. Sin embargo, esto puede ser una tarea compleja, ya que el Coordinador debe colocarse en distintos escenarios de momento de carga, descarga y prestación del SSCC para cada sistema. Si no se plantea volver a un esquema en el que cada coordinado incluya en su oferta todos los costos que espera incurrir por prestar el SSCC, una posibilidad que tiene el Coordinador es permitir que los sistemas de almacenamiento incluyan en la oferta sus costos de oportunidad y desgaste y evaluar todas las ofertas que se reciban en la subasta considerando dichas ofertas y los costos de oportunidad esperados por los oferentes de otras tecnologías. Estos costos de oportunidad pueden ser calculados en base al Costo Marginal proyectado por el Coordinador y considerando el historial de activación del servicio por tipo de tecnología para calcular su probabilidad. 

5.    Bibliografía

Botero, J., García, J. y L. Vélez (2013). “Mecanismos utilizados para monitorear el poder de mercado en mercados eléctricos: reflexiones para Colombia”. Cuadernos de Economía, Vol. 32, pp. 533-569. 

Coordinador Eléctrico Nacional (2019). Estudio de Costos de los Servicios Complementarios del Sistema Eléctrico Nacional, 2020-2023. Disponible en el sitio web del Coordinador.

Coordinador Eléctrico Nacional (2020). Informe Propuesta de Servicios Complementarios. Disponible en el sitio web del Coordinador.

Coordinador Eléctrico Nacional (2021). Minuta Técnica Efecto en remuneración de SSCC por aplicación de la Resolución Exenta N° 442 de 2020. Subgerencia de transacciones de mercado. Disponible en el sitio web del Coordinador.

Coordinador Eléctrico Nacional (2021). Minuta Remuneración de SSCC. Disponible en el sitio web del Coordinador.

Coordinador Eléctrico Nacional (2022). Informe Servicios Complementarios año 2022, Versión Definitiva. Disponible en el sitio web del Coordinador.

Coordinador Eléctrico Nacional (2022). Informe Monitoreo de la Competencia en el Mercado Eléctrico 2021. Disponible en el sitio web del Coordinador.

Comisión Nacional de Energía (2019). Norma Técnica de Servicios Complementarios. Disponible en el sitio web de la Comisión.

Decreto N° 113/2019 del Ministerio de Energía. Reglamento de Servicios Complementarios a los que se refiere el artículo 72°-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

DFL N° 4/20.018 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Ley General de Servicios Eléctricos y sus modificaciones posteriores.

Glachant, J., Joskow, P. y M. Pollitt (2021). Handbook on Electricity Markets. Edward Elgar Publishing.

Klemperer, P. (2004). Auctions: Theory and Practice. Princeton University Press.

Muñoz, C. (2021). Evaluación de las Subastas de los Servicios Complementarios de Reserva. Disponible en https://www.brevesdeenergia.com/wp-content/uploads/Estudio-SSCC-BdE-vf-001.pdf 

Muñoz, F. y R. Harrison (2020). Análisis y Propuestas de mejora para el mercado de SSCC de CSF y CTF. Informe Final para el Coordinador, disponible en el sitio web del Coordinador.

Resolución Exenta N° 442/2020 de la Comisión Nacional de Energía. Disponible en el sitio web de la Comisión.

Resolución Exenta N° 443/2020 de la Comisión Nacional de Energía. Disponible en el sitio web de la Comisión.

Resolución Exenta N° 493/2020 de la Comisión Nacional de Energía. Disponible en el sitio web de la Comisión.

¿Cómo conseguir las vacunas que el Ecuador necesita contra el COVID-19?

Introducción

Antes de la segunda vuelta electoral en Ecuador, ambos candidatos presidenciales resaltaron la importancia de tener un sistema de vacunación masivo en el Ecuador, que permita recuperar la actividad económica. El presidente electo Guillermo Lasso ha propuesto realizar la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en sus primeros cien días de gobierno. En sus intervenciones ha reconocido que esto implica realizar negociaciones con varios proveedores de vacunas, los cuáles solamente negocian con los estados. La vacuna se distribuiría a través de los 2160 centros de salud existentes en el país.

Diagnóstico

Tener un sistema de vacunación para toda la población no solamente es una prioridad de salud pública sino también es fundamental para reactivar la economía. Recientemente el presidente electo anunció que viajará a reunirse con las farmacéuticas para conseguir las dosis necesarias. Esta propuesta, sin embargo, supone que Ecuador estará en capacidad de negociar y llegar a acuerdos con los proveedores para traer la vacuna a tiempo para el cumplimiento de la promesa electoral, lo cual, dada la demanda mundial actual que supera con creces la limitada capacidad de producción de todas las farmacéuticas en conjunto, no parece muy factible. En efecto, en la actualidad se requieren aproximadamente 10 mil millones de dosis de vacunas para cubrir las necesidades del 60% de la población mundial y lograr inmunidad de rebaño, dosis que se requiere aplicar todos los años. Un diagnóstico realizado en Enero 2021 por la unidad de inteligencia de la revista The Economist sitúa a la mayoría de los países en desarrollo, incluyendo Ecuador, para recibir vacunas a partir del año 2022, problema que ha sido reconocido por la ONU y es uno de los principales retos de salud pública mundial ya que mientras más se retrase la vacunación es más factible que dicha vacuna pierda su eficacia ante nuevas variantes del virus. 

Problemas y Propuestas 

La búsqueda de alternativas pasan por reconocer tres problemas fundamentales en el desarrollo y adquisición de vacunas.  El primero es que actualmente no existe capacidad de producción ociosa en las farmacéuticas que tienen aprobada su vacuna. Algunas farmacéuticas, como Pfizer, están priorizando la producción y entrega para EEUU y Europa y en algunos casos han sufrido atrasos debido a problemas con la producción (como el ocurrido con los embarques a Canadá en Enero de 2021). Como el Ecuador no participó en las etapas de ensayo clínico ni empezó a negociar cuando aún la vacuna estaba en desarrollo (como hizo Chile, por ejemplo), actualmente no tiene capacidad de adquirir la vacuna de ningún proveedor, no por un problema de precio sino de disponibilidad. 

El segundo es que existen algunas vacunas que aún no han sido aprobadas por la FDA y la UE pero que en la práctica han demostrado ser efectivas, como la desarrollada por Synovac, y de la cuál Chile tiene comprometida 60 millones de dosis. Esto puede ser un problema, debido a que el presidente electo propuso en su momento realizar la vacunación solo con vacunas aprobadas por la FDA y la UE.  El tercero es que, sin importar que el país esté dispuesto a pagar mucho dinero, las farmacéuticas pueden estar reacias a aumentar su capacidad de producción para abastecer la demanda del Ecuador, debido a que las inversiones que tienen que realizar para aumentar dicha capacidad son específicas (y por ende, de alto riesgo financiero), además de ser técnicamente complejas, y requieren relaciones de largo plazo para ser rentables.

Entre las propuestas viables que se vislumbran en la actualidad están las siguientes:

1. Realizar contactos con altas autoridades en países que han asegurado elevadas cantidades de vacunas, como Chile, a fin de realizar algún tipo de convenio que permita obtener una cantidad suficiente de vacunas en corto tiempo, a cambio de devolver esas dosis a futuro. Esto puede requirir adquirir vacunas que aún no han sido aprobadas por la FDA, pero cuya efectividad para evitar la muerte y hospitalización ya ha sido comprobada en varios estudios médicos desde que inició su aplicación.  

2. Una parte importante de la solución es reconocer que la vacunación no es un problema de un solo año, sino que la vacuna deberá ser aplicada todos los años (ver link), como es característico en todas las variantes de coronavirus (algunos virus de la gripe, SARS, MERS) y virus pandémicos de la influenza (H1N1, por ejemplo), debido principalmente a las nuevas mutaciones del virus. Esto conlleva a tener una estrategia de largo plazo para lidiar con el virus, si no se quiere estancar el proceso de recuperación económica. Se requiere, por tanto, volver a generar la capacidad de producir vacunas a nivel local, particularmente contra esta enfermedad. En el acercamiento a los proveedores actuales, también se podría negociar, por ejemplo, la producción local de la misma, asegurando el pago total o parcial de las inversiones que se necesiten, a cambio de acceso rápido y barato a la vacuna.

3. Debe existir una población priorizada de la vacunación en todos los años, que de tranquilidad a la población de que sus seres queridos van a estar a buen resguardo. Se sugiere tener un plan específico de vacunación para la gente más vulnerable, mayores a 60 años, y el personal estratégico para el manejo de la pandemia. Considerando que actualmente ya se está vacunando al personal médico, se estima que estas serían las necesidades de dosis anuales, en la eventualidad de que se requieran nuevamente dos dosis para generar inmunidad, para asegurar la tranquilidad de la población y la reactivación económica:

 

UPDATE (20/abril/2021): Ante el rechazo de algunos países de la vacuna Astra-Zeneca, y en vista de que los beneficios de la misma sobrepasan en mucho los potenciales riesgos (ver, por ejemplo, el siguiente link), Ecuador puede aprovechar esta coyuntura para hacerse de un lote importante de las mismas.  Por otro lado, existen iniciativas en la academia en desarrollar una vacuna a nivel local. Apoyar estas iniciativas en todas sus etapas con fondos públicos suficientes no solamente puede redundar en obtener una producción local de la misma sino también permite desarrollar capital humano específico y la investigación y desarrollo (I+D) en nuestro país.

UPDATE (08/agosto/2021): En la actualidad el plan de vacunación del gobierno avanza rápidamente y en forma exitosa. Se encuentra también en conversaciones con el gobierno de Rusia para producir localmente la vacuna Sputnik, lo cual va en el sentido correcto, aunque también sería interesante tener capacidad de producción de vacunas ARNm, que es una nueva tecnología que ha resultado ser muy efectiva. El mayor reto actual es contra la desinformación de la población, del miedo a las vacunas y a desinformar sobre los efectos del virus, como estamos viendo en EEUU por ejemplo. El uso de un pasaporte o carnet COVID para realizar ciertas actividades en público parece ser una medida que puede ser efectiva para seguir incentivando la vacunación de la población y lograr su inmunidad de rebaño.

UPDATE (15/septiembre/2021): El plan de vacunación del gobierno ha sido todo un éxito. En 100 días ha logrado terminar de vacunar con ambas dosis a 9 millones de ecuatorianos y con al menos una dosis a más de 10 millones. Su estrategia ha sido pragmática, privilegiando el uso masivo de la vacuna SINOVAC (60% de las dosis), seguido de las vacunas PFIZER (28%) y ASTRAZENECA (12%). Asimismo, el gobierno está incorporando la vacuna CANSINO de dosis única en el plan de vacunación. Muy pronto la meta de 12,4 millones de ecuatorianos mayores a 18 años vacunados se verá lograda y se podrá proceder a la vacunación de los más jóvenes, observando, por ejemplo, la experiencia en Chile, donde la vacuna SINOVAC ha sido aprobada para aplicar a menores de 6 años en adelante. 

¿Will Global energy transitions result in stranded (unused) assets in the electricity sector?

A global energy transition in the electricity sector, from fossil-fueled to low-carbon power plants, is currently driven by two complementary reasons: a) The Paris Agreement, which pursue domestic measures to reduce greenhouse emissions, in order to keep a global temperature rise below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels,; b) lowest levelized cost of wind and solar power plants, relative to coal and gas. This could strand fossil-fueled power plants as they may become redundant or uneconomical to operate in the electricity system.

However, the real risk of a possible stranded asset depends on many variables:

a) The amount of greenhouse reduction targeted by each country in the electricity sector.  Reductions may be evenly distributed in proportion to greenhouse emissions of each sector, or they may be assigned to specific sectors. Reductions doesn’t mean zero emissions, hence some existing fossil-fueled power plants and greenhouse emissions may be allowed (peak-load gas-diesel, combined-cycle natural gas power plants, for example).

b) The timeframe to achieve the reduction target. Some existing fossil-fueled power plants may have been functioning for many years, and their useful timeframe may come to an end within the timeframe of the reduction target. In this case, the value of those assets will not become stranded, but they require a coordinated schedule to dismantle and leave the system.

c) Risk of early closure to achieve the target. Other fossil-fueled power plants may achieve their useful timeframe some years after the deadline of the reduction target. In those cases, only the value of the asset that has not been recovered will become stranded, which may include the investments of pollution control in coal plants.

d) Risk of redundancy of coal and natural gas power plants in the system, because of renewable technologies. This risk depends heavily on the likelihood of having solar and wind-powered technologies, i.e., if the electricity system is geographically located in wind-producing regions and regions with enough solar radiation.

Redundancy also depends on the economic efficiency of renewable technologies, relative to coal and natural gas. In some countries and states, wind and solar technologies have a lower levelized cost than coal and natural gas power plants. For example, 29 new solar power plants with a mean energy cost of 35,46 USD/MWh and four wind-powered projects with a mean energy cost of 20,30 USD/MWh won the Brazilian wholesale energy auction in 2018. Similar patterns of technologies and low prices have also been observed in Mexico and Chile wholesale auctions (mean prices of 20,6 and 32,5 USD/MWh, respectively). 

In the US, utilities of States with no renewable target are changing their generating portfolio, closing coal-powered plants and changing them by solar and wind power plants. For example, Northern Indiana Public Service decided to retire four coal units within the next five years, after soliciting bids from wholesale power providers in 2018. It received 90 proposals for a range of technologies, including wind and solar generation priced at roughly 27 to 40 USD per megawatt hour. By comparison, the company estimated that continuing to operate its coal fleet would cost between 57 and 82 USD/MWh. The economic efficiency of renewables relative to coal power plants in the US can be explained by the expected high prices of coal because of the decreasing productivity of coal mines.

In Chile, an early closure of eight coal power-plants were scheduled for the next five years, starting from the two older ones (with 36 and 34 years of operation). Therefore, the lowest levelized costs of solar and wind technologies are producing an early closure of some coal power plants in many countries.

In conclusion, global energy transition in the electricity sector, from fossil-fueled to low-carbon power plants, can transform the former in stranded assets.  However, the real risk of a specific asset depends on many variables, like the age of the plant, the greenhouse reduction targeted by the country, the likelihood of having solar and wind-powered technologies in the system and the specific risk of redundancy due to renewable technologies.

Resources

Existence of high coal prices in the market:

http://cleanenergyaction.org/coal-colorado-and-the-stranded-assets-problem/

How to measure stranded asset risk

https://en.nikkoam.com/articles/2018/10/esg-insights-assessing-stranded-assets-in-the-electricity-sector

Closure of coal power plants in the US

http://ieefa.org/u-s-utilities-increasingly-looking-to-speed-coal-plant-closures/

https://www.wsj.com/articles/utilities-speed-up-closure-of-coal-fired-power-plants-11547035201

https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2019/07/02/mike-pences-indiana-chooses-renewables-over-gas-as-it-retires-coal-early/#64ff7e7543b4

New realities for energy

https://energypost.eu/new-realities-energy-according-world-energy-council/

Cheap Solar+batteries technologies

https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2019/07/01/new-solar--battery-price-crushes-fossil-fuels-buries-nuclear/#35960fff5971

Regulated stranded assets

https://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2018/09/1828-Text1.pdf

Sociedades sin ventas en Ecuador: descripción, problemática y propuestas de política

0.         Resumen Ejecutivo

El 8,4% del patrimonio invertido en sociedades ecuatorianas, que representan el 4% del PIB de Ecuador (4 mil millones de dólares), no pudo ser utilizado en generar actividad económica entre el 2014 y 2016.

Las empresas sin ventas pueden dividirse en dos grupos: aquellas con un patrimonio bajo, cuyo principal problema son los costos y trabas para salir de mercado, y aquellas que tienen un patrimonio elevado, invertido en activos que no están siendo utilizados, cuyos problemas tienen que ver con retraso de proyectos, falta de demanda y baja competitividad, por ejemplo.

Con respecto al primer grupo, existe una gran cantidad de empresas sin ventas con patrimonio menor a mil dólares, con una tasa de supervivencia mayor a la observada en Chile, donde un bajo porcentaje de empresas sin ventas sobrevive.  Parte del problema parece radicar en el manejo de la salida de empresas insolventes, a las cuáles la normativa les exige no mantener pasivos con el Estado ni terceros. De acuerdo al Doing Business 2019 del Banco Mundial, Ecuador se encuentra en el puesto 158 de 190 economías en cuanto al manejo de la insolvencia y quiebra de los negocios, por debajo del promedio de la región.  Para facilitar la salida rápida, ordenada y de bajo costo para estas sociedades es urgente una Ley de Quiebras moderna, que siga los principios del Banco Mundial al respecto, y que también permita a las sociedades financieramente viables mantenerse intervenidas y activas hasta poder solventar sus deudas o venderse enteras a un mejor valor de mercado.

Con respecto al segundo grupo, la inactividad se concentró principalmente en los sectores de minería, actividades inmobiliarias, construcción, comercio y agropecuario. Un 30% del patrimonio no utilizado en el 2016 se encuentra concentrado en el sector minero, en cuatro sociedades propietarias de cuatro mega proyectos mineros: Mirador (cobre), Fruta del Norte (oro), Loma Larga (oro) y Panantza (oro).  De éstos, dos proyectos aún no se encuentran en operación (Fruta del Norte y Loma Larga) y los otros dos están detenidos por problemas ambientales y sociales.  Si bien los problemas ambientales han sido fiscalizados por la autoridad, los conflictos generados con la comunidad señalan la necesidad de tener una política de Estado más proactiva de consulta, que permita la aplicación correcta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En los sectores inmobiliario y construcción, que en conjunto representan un 29% del patrimonio no utilizado en el 2016, las medidas anunciadas por el gobierno y el BIESS, que inyectarían más de 2,7 mil millones de dólares de recursos mediante préstamos a tasas preferenciales para constructores y hogares, en caso de ejecutarse, debieran ayudar a dinamizar la demanda y disminuir el patrimonio sin utilizar. En los sectores comercio y agropecuario, que en conjunto representan el 16% del patrimonio no utilizado en el 2016, la adopción de medidas de política de fomento debe ser motivada en mayor información y en acuerdo con las cámaras de comercio y de agricultura del país.  En el caso del sector agropecuario, la apertura de nuevos mercados externos o conseguir mejores condiciones de entrada para nuestros productos en los mercados actuales debiera formar parte de una agenda moderna de desarrollo para el país.

1.         Introducción

El presente trabajo tiene como principal objetivo caracterizar la problemática de las sociedades inscritas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) que durante el periodo 2007 a 2016 declararon no tener ventas.

Las empresas sin ventas representan un serio problema para la salud de la economía del país por al menos tres razones: a) son empresas que generan poco empleo, y no generan valor agregado o impuestos, b) son empresas que mantienen inmóviles los recursos invertidos por sus dueños, los que podrían ser utilizados en otras actividades y sectores, c) si su presencia es significativa en la economía, representan una señal de problemas estructurales, como falta de demanda interna o problemas para exportar, y una seria limitante al aumento de la productividad agregada, ya que los recursos invertidos en éstas no estarían siendo reasignados a emprendimientos más eficientes.

En un artículo anterior, publicado en el Boletín de Política Industrial del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL,[1] evidenciamos la existencia de una elevada tasa de participación de sociedades sin ventas en el sector industrial ecuatoriano, así como su alta tasa de supervivencia en el mercado, comparado con una economía más dinámica como la chilena. En el presente estudio ampliamos este análisis a los demás sectores de la economía ecuatoriana, para identificar si las sociedades sin ventas tienen una elevada presencia y persistencia en toda la economía y si es necesario realizar acciones concretas de política pública para mejorar la dinámica empresarial en Ecuador.

2.         Descripción, definiciones y adecuaciones realizadas a la base de datos de la SCVS

La base de datos utilizada en este trabajo corresponde a la información de los Estados de Resultados y Situación Financiera que presenta cada sociedad en su declaración anual a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS),[2] entre los años 2007 y 2016.  La información financiera utilizada corresponde a las ventas de las sociedades, la cual incluye las ventas de bienes y servicios a nivel local y las exportaciones, su patrimonio neto y otro tipo de ingresos.

Cabe señalar que la información presentada por las sociedades para el año 2011 es incompleta, debido a que en dicho año se implementó un cambio de metodología contable, pasando de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Debido a este cambio, varias sociedades, incluyendo las de mayor tamaño, no declararon ante la SCVS ese año, aumentando la tasa de no declaración en forma muy significativa. Por este motivo, no se considera el año 2011 en los análisis siguientes.

Para definir el nacimiento y salida del mercado o “muerte” de las empresas, se utilizó la información proporcionada por la SCVS en el Directorio de Empresas, actualizada a marzo de 2018.  Se consideró fuera del mercado aquellas empresas que en el registro aparecen como canceladas y en proceso de liquidación o disolución, ya que no registran ventas y porque de acuerdo a la SCVS es difícil que terminen reactivándose a futuro.  Como sociedades “vivas” o en funcionamiento al 2016 se consideran aquellas que en el Directorio de Empresas aparecen como “activas” o “inactivas”.  Sobre las sociedades en funcionamiento se realiza el análisis de aquellas empresas que declararon no haber tenido ventas.

A fin de hacer comparables las dinámicas empresariales de Ecuador y Chile, que representa una economía abierta y con mayor desarrollo económico,[3] se aplicó la definición de tamaño usada en Chile a las empresas ecuatorianas.^[4] Para ello, se convirtió las ventas en dólares a pesos chilenos, utilizando el tipo de cambio PPP del Banco Mundial, para mantener el mismo poder de compra, y luego se convirtió los pesos chilenos a Unidades de Fomento (UF), utilizando el valor de la UF al 31 de diciembre de cada año.

Los sectores económicos considerados, de acuerdo a la clasificación CIIU revisión 4 utilizada por la SCVS, se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1: Sectores económicos presentes en la base de datos SCVS, por código CIIU

Debido a que algunos sectores presentan pocas empresas registradas, y su actividad económica es menor, fueron agregados para los análisis siguientes de la siguiente manera: los sectores D y E, los sectores O y P, y los sectores R, S, T  y U.

Finalmente, a fin de no sobreestimar la cantidad e importancia de empresas en funcionamiento que no declaran ventas en Ecuador,[5] no se consideró aquellas empresas que tuvieron más del 50% de otro tipo de ingresos provenientes de dividendos e ingresos financieros.[6] De esta manera se elimina del análisis aquellas empresas que declaran no realizar ventas de bienes y servicios porque en realidad sirven como sociedades controladoras de otras empresas y reciben ingresos principalmente por efecto de dividendos, así como aquellas empresas cuya principal actividad actual es la inversión en el mercado financiero, invirtiendo en bonos de empresas relacionadas y arriendo de activos, por ejemplo.  Asimismo, no se consideraron en el análisis aquellas sociedades que declaran no tener ventas pero que, de acuerdo a su CIIU, funcionan principalmente como holdings dueños de los activos de otras compañías, como son las sociedades de inversión o fideicomisos, que manejan recursos de terceros invirtiendo en propiedad de otras empresas, y las sociedades que se dedican a la gestión y supervisión de bolsas de valores y otras bolsas.[7]

3.         Dinámica de las sociedades sin ventas por sector económico.  Comparación con Chile.

En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de la participación de las sociedades sin ventas como porcentaje del total de sociedades presentes en cada uno de los sectores económicos.  Como se puede apreciar, los sectores económicos que persistentemente presentan una mayor presencia de sociedades sin ventas, por arriba del promedio nacional, son: actividades inmobiliarias (L), explotación de minas y canteras (B), construcción (F), transporte y almacenamiento (H), suministro de electricidad, gas y agua (D y E) y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A). 

El promedio nacional de participación de empresas sin ventas en el total de sociedades se ubicó alrededor del 40% antes del año 2010 y posteriormente se redujo alrededor del 35% desde el año 2012.  Sin embargo, si se compara este comportamiento con el observado para las empresas sin ventas en Chile, cuya participación fluctúa alrededor del 14%, la participación de las empresas sin ventas en Ecuador es elevado: 2.4 veces mayor al observado en Chile entre los años 2013 y 2014.  Cabe señalar que en todos los sectores económicos de Ecuador el porcentaje de empresas sin ventas siempre es mayor al promedio observado en Chile en todos los años.

Cuadro 2: Participación de las sociedades sin ventas en el total, por sector económico y año.

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS y Boletín de Dinámica Empresarial 2005-2014 para Chile.

Como también se puede observar en el cuadro, salvo los sectores de Actividades Financieras y de Seguros (K) y el sector de salud (Q), todos los demás sectores presentan una proporción de empresas sin ventas sistemáticamente mayor a la observada para el sector industrial manufacturero (C), lo cual corrobora el hecho de que la problemática de las empresas sin ventas afecta a toda la economía ecuatoriana y no solo al sector industrial.

En el siguiente cuadro se presenta la situación, luego de 7 años, de aquellas empresas que en los años 2007 a 2009 declararon no haber tenido ventas, por sector económico.  Luego de 7 años, las empresas pudieron haber crecido en ventas llegando a ser micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, pudieron permanecer sin ventas, no declarar ante la SCVS o salir del mercado.

Como referencia, en Chile un poco más de un tercio de las empresas sin ventas permanece en el mercado luego de 7 años, el resto quiebra. Por el contrario, en Ecuador el 56% de las empresas sin ventas aún permanece en el mercado luego de 7 años, casi 20 puntos porcentuales más que Chile.  Los sectores donde una mayor proporción de empresas sin ventas no salen del mercado luego de 7 años son: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A), transporte y almacenamiento (H) y actividades inmobiliarias (L).

Cuadro 3: Transición de las empresas sin ventas luego de 7 años

(promedio años iniciales 2007 a 2009)

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS y Boletín de Dinámica Empresarial 2005-2014 para Chile.

Por otro lado, un 32% de las sociedades sin ventas que permanecen en el mercado luego de 7 años en el sector ecuatoriano aún persisten en no tener ventas, versus un 22% observado para las empresas en Chile.  Así, la gran mayoría de las empresas sin ventas que permanecen en el mercado en todos los sectores económicos no ven aumentar sus ventas después de 7 años (el 56% de las empresas sin ventas que no quiebran luego de 7 años), lo cual señala la posible existencia de problemas o rigideces para la quiebra de sociedades en el mercado ecuatoriano, ya que es un tiempo razonable para que empresas que no presentan ventas terminen quebrando.

En forma complementaria a lo anterior, en el siguiente cuadro observamos la proporción de empresas que sí declararon tener ventas en los años 2007 a 2009 pero que terminan, luego de 7 años, como empresas sin ventas, de acuerdo a su tamaño inicial y sector. 

Como se puede apreciar, las pequeñas y micro empresas presentan una mayor probabilidad de terminar sin ventas luego de siete años en Ecuador respecto a Chile: casi 3 veces más para las microempresas y un 40% más para las empresas pequeñas. Dicha probabilidad es mayor en los siguientes sectores:  agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A), explotación de minas y canteras (B), construcción (F), transporte y almacenamiento (H), actividades financieras y de seguros (K) y actividades inmobiliarias (L).

Cuadro 4: Transición de empresas con ventas luego de 7 años

(promedio años iniciales 2007 a 2009)

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS y Boletín de Dinámica Empresarial 2005-2014 para Chile.

4.         Patrimonio asociado a las empresas sin ventas en Ecuador.

Como fue señalado anteriormente, uno de los problemas de tener empresas sin ventas en la economía cuya presencia persiste en el tiempo, es que los recursos cautivos en dichas empresas no pueden ser reasignados a otras empresas u otros sectores económicos.  Asimismo, una presencia mayor de empresas sin ventas puede ser indicativo de problemas estructurales en la economía, que impiden salir del mercado a algunas empresas, o presencia de una baja demanda por sus productos y servicios.

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución del patrimonio neto asociado a las empresas que no presentan ventas, lo cual es un reflejo del capital invertido por los dueños y accionistas de estas empresas y que no está generando ningún valor agregado e impuestos.  Como se puede apreciar, el patrimonio neto asociado a las empresas sin ventas ha ido aumentando a través de los años, ubicándose alrededor del 4% del PIB entre los años 2014 a 2016 (4 mil millones de dólares en promedio) y alrededor del 8.4% del patrimonio total de las sociedades inscritas en la SCVS en los mismos años, lo cual constituye un desperdicio de recursos no utilizados cada año para aumentar el valor agregado en la economía ecuatoriana.

La mayor parte de este capital sin uso se encuentra en el sector de explotación de minas y canteras (B), con 1.16 mil millones de dólares al 2016, lo cual corresponde al 20% del patrimonio total de las sociedades en ese sector para el mismo año; actividades inmobiliarias (L), con 653 millones de dólares, que corresponden al 20% del patrimonio de las sociedades en dicho sector; construcción (F), con 368 millones de dólares, que corresponden al 14% del patrimonio de las sociedades en el sector; comercio (G), con 341 millones de dólares, que corresponden solo al 3.2% del patrimonio total de las sociedades en el sector; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A), con 231 millones de dólares, que corresponden al 6% del patrimonio de las sociedades en el sector.

Cuadro 5: Evolución del Patrimonio Neto asociado a empresas sin ventas, por sector

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS e información del Banco Central del Ecuador.

En los dos siguiente cuadros se presenta, por un lado, la distribución de las empresas sin ventas en el año 2016, de acuerdo al tamaño de su patrimonio neto y, por otro lado, cuánto patrimonio neto total está asociado a dichas empresas. 

Hacer la diferenciación por tamaño del patrimonio neto es útil, ya que nos permite identificar aquellas empresas que pueden ser consideradas de “papel” o que presentan el patrimonio mínimo exigido por la Ley para establecer una sociedad (alrededor de 800 dólares) y que, por tanto, su principal problema lo representa la salida del mercado, de aquellas empresas que tienen un patrimonio suficientemente alto (superior a 100 mil dólares, por ejemplo, que define el tamaño de ventas de una empresa grande para Ecuador) como para pensar que son sociedades que podrían participar activamente en el mercado, pero que no encuentran espacio por otro tipo de problemas, como la ausencia de demanda por sus productos y servicios.

Como se puede apreciar, la mayor parte de las empresas (un 54% en promedio) que declaran no tener ventas presentan un patrimonio menor a los 1000 dólares, pero, aunque son mayores en número, en patrimonio no representan más de 6.8 millones de dólares que no están siendo utilizados en otros sectores al año 2016.  El principal problema de estas empresas para salir del mercado, a nuestro parecer, debe estar relacionado con los costos administrativos y legales que representa hacer quebrar una sociedad, lo cual se abordará en las secciones siguientes.

Cuadro 6: Distribución de empresas sin ventas de acuerdo a su Patrimonio Neto,

por sector económico, año 2016

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS

Cuadro 7: Patrimonio Neto de empresas sin ventas

por sector económico (en millones USD), año 2016

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS

Finalmente, un porcentaje menor de las empresas sin ventas (un 9% en promedio) poseen un patrimonio neto mayor a los 100 mil dólares en todos los sectores económicos, aunque en patrimonio neto representan el grueso de los recursos de capital que no están siendo utilizados en la economía (3.37 mil millones de dólares al año 2016).  Al tener estas empresas un patrimonio elevado, es probable que la ausencia de ventas esté asociada más con problemas estructurales por el lado de la demanda de sus bienes y servicios, retraso en proyectos, etc.

5.         Análisis de las empresas sin ventas por sector.

5.1       Sector minero

Como quedó evidenciado en la sección anterior, el principal sector económico donde las empresas tienen patrimonio sin utilizar corresponde al sector B, explotación de minas y canteras, con más de mil millones de dólares al año 2016.  Llama la atención que en este sector son cuatro las sociedades mineras que representan el 92% del patrimonio inmovilizado del sector (y una cuarta parte del patrimonio inmovilizado de todo el Ecuador): Ecuacorriente S.A., de capitales chinos, con 568 millones de dólares; Aurelian Ecuador S.A., de capitales canadienses, con 425 millones; Invminec, de capitales canadienses, con 51 millones y Explorcobres, de capitales chinos, con 25 millones.

Estas cuatro empresas son propietarias de cuatro mega proyectos mineros en Ecuador: proyecto Mirador (Ecuacorriente), mina a cielo abierto que producirá concentrado de cobre en la provincia de Zamora Chinchipe; proyecto Fruta del Norte (Aurelian), mina subterránea aurífera, ubicada en la Cordillera del Condor; proyecto Loma Larga (Invminec), mina aurífera, ubicada en Azuay; proyecto Panantza San Carlos (Explorcobres), mina aurífera, ubicada en Morona Santiago.

De estos cuatro megaproyectos, dos se encuentran paralizados por malos manejos ambientales y conflictos sociales: Mirador y Panantza.[8]  Los otros dos proyectos se encuentran en etapa de terminar sus estudios y empezar construcción, empezando producción a finales de 2019 (Fruta del Norte) y en el 2020 (Loma Larga), razón por la cual aún no generan ventas. 

Si bien la minería a gran escala es capaz de generar grandes ingresos para el fisco, también es cierto que no está exenta, en prácticamente ningún país, de potenciales problemas ambientales que pueden volver técnica y políticamente inviables los proyectos. En las jurisdicciones con protección ambiental avanzada, los proyectos están sometidos a un proceso de evaluación ambiental, con varias etapas de revisión y difusión a la comunidad afectada, cuyos informes, dictámenes y resoluciones pueden ser consultados en forma permanente por el público interesado.[9]  En estas jurisdicciones, por lo general es finalmente un poder judicial especializado el que decide el destino de aquellos proyectos que sistemáticamente se niegan a cumplir o no mitigan suficientemente el daño ambiental que causan, llegando inclusive a quitarles la concesión.[10]

Asimismo, las relaciones con la comunidad constituyen en la actualidad un tema muy delicado e importante para cualquier gobierno que trate de sacar adelante mega proyectos mineros o de gran infraestructura (como embalses),[11] más aún, luego de que entrara en vigencia Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula la consulta previa a las comunidades indígenas. Para el éxito social de estos proyectos es de suma importancia que los gobiernos tengan una estrategia proactiva, con una activa participación de las empresas concesionarias, que permita aplicar en forma correcta lo solicitado por el Convenio, para que dicha consulta no termine en un mero trámite, con poca convocatoria o información de los alcances y peligros ambientales del proyecto a la comunidad, lo que finalmente da origen a conflictos sociales que son capaces de lograr la caída de mega proyectos con permisos ambientales aprobados.[12]  

5.2       Sector Inmobiliario

En el sector inmobiliario (L), el patrimonio sin utilizar ascendió a 652 millones de dólares en el 2016.  Las empresas sin ventas corresponden a una multitud de sociedades inmobiliarias, con patrimonio menor a 30 millones de dólares, que se dedican principalmente a la compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, así como a la promoción de proyectos inmobiliarios, agentes y corredores inmobiliarios y administradores de bienes inmuebles.

En el Cuadro 5 anterior se observa que este sector ha ido aumentando progresivamente el nivel de su patrimonio inmovilizado en sociedades sin ventas desde el año 2007 (empezando con 170 millones de dólares). Por otro lado, el número total de sociedades inmobiliarias activas en Ecuador también ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 2008 (con 8 mil quinientas sociedades) hasta el año 2016 (con siete mil).  Lo anterior es consistente con una situación en la cual existe una reducción progresiva de la demanda en el mercado de arriendo y compra venta de bienes inmuebles, donde la oferta de estos servicios también se ha ido ajustando en el tiempo, pero a un menor ritmo que la demanda.

La nueva política de créditos hipotecarios recientemente anunciada por el Banco del IESS (BIESS), que otorgará 900 millones de dólares en créditos para familias con ingresos hasta 1500 dólares mensuales, a mayor plazo y menor tasa de interés que los créditos actuales, así como otros programas anunciados por el gobierno central, como el “Fideicomiso Vivienda Prosperidad”, [13] de 200 millones de dólares, que permitirá financiar casas desde 70 mil hasta 90 mil dólares a través del sector financiero y a tasa preferente del gobierno (4.99%), y el programa “Casa por tu arriendo” dirigida a hogares pobres que permitirá capitalizar el canon de arriendo que haga por viviendas sociales, a 15 años y tasa preferencial, debieran ayudar a aumentar la demanda del sector.

5.3       Sector Construcción

En el sector construcción (F), el patrimonio sin utilizar ascendió a 368 millones de dólares en el 2016.  Como se puede observar en el cuadro 5 anterior, a diferencia del sector inmobiliario, este sector ha visto aumentar su patrimonio inmovilizado desde el año 2007 al 2015 (hasta llegar a los mil ochocientos millones de dólares) para luego reducirse en forma significativa en el año 2016.  Por otro lado, el número de sociedades activas en este sector prácticamente ha crecido en todos los años, desde 3 mil quinientas sociedades en 2007 a 6 mil quinientas en el 2015, reduciéndose ligeramente en el 2016 hasta alcanzar las 6 mil cuatrocientas. Lo anterior es consistente con un sector que se ha reactivado en los últimos años.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, existe una relación inversa entre el número de permisos de construcción expedidos al año y el patrimonio inmovilizado en el sector (coeficiente de correlación de -0.7).  Para el año 2017, los permisos de construcción aumentaron en un 13% respecto al año 2016, lo cual sugiere que el patrimonio inmovilizado también debió reducirse en dicho año.

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos SCVS e INEC

En el año 2016 las dos principales empresas constructoras sin ventas correspondieron a Odebrecht (con 76 millones de patrimonio inmovilizado), involucrada en varios escándalos de corrupción, y el Consorcio Línea 1 del Metro de Quito (con 25 millones), cuya obra aún se encuentra en construcción.  Es decir, que de los 368 millones de patrimonio, solamente 268 millones corresponden a empresas constructoras y de ingeniería, con un patrimonio menor a 10 millones de dólares (salvo dos constructoras con patrimonio menor a 20 millones), que no han logrado realizar ventas en el mercado.

Las nuevas medidas económicas recientemente anunciadas por el gobierno central en octubre de 2018, que incluyen préstamos para constructores a tasas preferenciales, a través de la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico; devolución del IVA para construcción de casas sociales, más de 900 millones de dólares para financiar obras de infraestructura pública, vialidad, sanitarias, etc. (a través del Banco de Desarrollo del Ecuador), entre otras medidas, debiera dinamizar aún más este sector y evitar que entre en un nuevo ciclo de incremento del patrimonio sin utilizar.

5.4       Sector Comercio al por mayor y menor

En el sector Comercio (G), el patrimonio sin utilizar ascendió a 341 millones de dólares en el año 2016.  Como se puede apreciar en el Cuadro 5 anterior, el patrimonio inmovilizado en este sector ha ido aumentado en forma progresiva desde el año 2007 (desde los 138 millones) al 2016.  El número de sociedades activas también ha ido aumentando todos los años hasta el 2014 (hasta las 17.2 mil sociedades), para luego reducirse un poco hasta llegar a las 16.7 mil sociedades en el 2016.

Las empresas sin ventas en este sector corresponden a sociedades comercializadoras, importadoras y exportadoras, con patrimonio menor a 6 millones de dólares (salvo 4 sociedades con patrimonio entre los 19 y 52 millones).

El aumento progresivo de las sociedades sin ventas y de patrimonio sin utilizar en este sector parecería ser el resultado de un aumento en la oferta sin un aumento suficiente en la demanda.  No obstante, la elaboración de una política focalizada en este sector debe contar con mayor información y realizarse en forma conjunta con las cámaras de comercio del país.

5.5       Sector Agricultura y Ganadería, Silvicultura y Pesca

En el sector Agricultura y Ganadería, Silvicultura y Pesca (A), el patrimonio inmovilizado ascendió a 231 millones de dólares en el 2016.  El patrimonio inmovilizado ha ido aumentando desde el año 2007 (desde 80 millones de dólares) hasta el 2016.  El número de sociedades activas también ha ido aumentando desde el 2007 al 2016 hasta llegar a las 5 mil sociedades.

Las sociedades sin ventas en este sector corresponde a empresas agroindustriales, forestales, agrícolas, ganaderas, camaroneras, etc., con patrimonio menor a 6 millones de dólares (salvo Aquacarguill, con 15 millones).

Al igual que en el sector comercio, el aumento progresivo de las sociedades sin ventas y de patrimonio sin utilizar en este sector parecería ser el resultado de un aumento en la oferta sin un aumento suficiente en la demanda, considerando que este sector tiene varias oportunidades de exportar al exterior.  La elaboración de una política focalizada en este sector debe contar con mayor información y realizarse en forma conjunta con las cámaras de agricultura del país, aunque el establecimiento de nuevos mercados y mejores condiciones para nuestros productos con nuestros socios comerciales más importantes, podrían ayudar a mejorar los niveles de demanda de nuestros productos agropecuarios, por lo que deberían formar parte permanente de una agenda de desarrollo para el sector.

6.         Necesidad de una Ley de Quiebras moderna para Ecuador.

Como se pudo apreciar anteriormente, existe una enorme cantidad de empresas sin ventas con patrimonio menor a mil dólares, las cuáles tienen una elevada tasa de supervivencia en el mercado (54% de posibilidad de seguir en el mercado luego de 7 años), mucho mayor a la observada en otras economías más dinámica y con mejores condiciones y trámites más simples de salida para las empresas.  Lo anterior pone en evidencia la necesidad de una Ley de Quiebras moderna para Ecuador, que permita la salida rápida, ordenada y de bajo costo para estas sociedades.

Ecuador ha avanzado mucho en los trámites necesarios que debe seguir un emprendedor para poder inscribir una nueva sociedad.  De acuerdo al Banco Mundial,[14] el tiempo necesario para iniciar legalmente un negocio en Ecuador, incluyendo la constitución y los permisos y registros necesarios para operar, bajo de 92 días en el año 2003 a 48 días en el 2017, lo cual aún está por arriba del promedio de América Latina y el Caribe (31 días).  Comparado con otros países de la región, como Honduras (13 días), Colombia (11 días), México (8 días), Uruguay (7 días) o Chile (6 días), es evidente que aún existe espacio para mejorar los procesos de creación de empresas en Ecuador.

Cerrar o liquidar una sociedad en Ecuador es, por otro lado, mucho más engorroso y toma más tiempo, debido principalmente al tratamiento que se le da a las compañías en proceso de disolución que mantienen deudas con el Estado y con terceros. En efecto, los trámites necesarios para realizar el cierre de una sociedad en Ecuador, contemplan los siguientes pasos:[15]

•        Obtener partida de nacimiento y defunción de la empresa en la Superintendencia de Compañías.
•        Registrar las voluntades de los accionistas en cerrar la empresa (voluntaria o de oficio).[16]
•        La Dirección de Disolución y Liquidación de la Superintendencia de Compañías da el visto para que continúen el proceso remitiendo resoluciones a los directivos, en un máximo de 8 días laborables, para que se publique por 3 días consecutivos en un diario de circulación masiva un extracto de la escritura pública.
•        El proceso demora más sí la empresa tiene deuda con proveedores, Estado, bancos, etc.  De acuerdo al Reglamento sobre Inactividad, Disolución y Cancelación de Compañías de la SCVS (el Reglamento), antes de emitir la resolución de disolución, la Superintendencia debe verificar que la compañía no registre obligaciones pendientes con ellos, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador y el Servicio Nacional de Contratación Pública, que no existen obligaciones tributarias pendientes y que no hubiere contratos con entidades del sector público que no hubieren sido ejecutados en su totalidad.
•        De acuerdo al Reglamento, solo las compañías que no tengan obligaciones pendientes con terceras personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, podrán solicitar al Superintendente de Compañías, la disolución y liquidación de la compañía y la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil en un solo acto, siendo sus accionistas responsables de pagar si posteriormente se estableciera la existencia de alguna deuda.
•     Con la resolución de la disolución aprobada por la Supercias, los representantes deben presentarse al Registro Mercantil y luego volver a la Supercias para finalizar el trámite. 

El tiempo de este proceso puede durar entre 1 a 5 años para micro o pequeñas empresas. Para empresas grandes puede durar entre 6 a 10 años.  La gran cantidad de tiempo que se puede tardar el liquidar una empresa en Ecuador puede ayudar a entender por qué existe una enorme cantidad de sociedades sin actividad que no quiebran. Desde el punto de vista administrativo, se comprende que la normativa actual exige que las empresas no mantengan ninguna deuda con instituciones públicas y con privados para así proceder a su quiebra, lo cual resulta improbable en el caso de quiebras motivadas por insolvencia de  la empresa.

De acuerdo al reporte “Doing Business 2019” del Banco Mundial para Ecuador, un acreedor que desea recuperar el dinero prestado a un negocio insolvente mediante la solicitud de declaración de quiebra y la orden de venta de sus activos en tribunales, puede tardar 5.3 años en promedio para recuperar parte del dinero (18% de cada dólar prestado, en promedio).  El costo de todo el trámite legal puede llegar a alcanzar el 18% del valor de los activos del negocio insolvente.  Bajo estos estándares, que están por debajo inclusive del promedio de los países de la región, Ecuador ocupa el puesto 158 de 190 economías en cuanto al manejo de insolvencia de negocios.

El Banco Mundial, en base a la identificación de mejores prácticas en varias economías, ha emitido un set de principios generales que un sistema de crédito, manejo de insolvencia y liquidación de empresas debe tener en la actualidad en economías modernas.[17]  Urge que Ecuador siga el ejemplo de varios países de la región y modernice el régimen de quiebras vigente, que permita la salida de empresas insolventes, respetando en la medida de lo posible los derechos de los acreedores públicos y privados, y que permita la continuidad de operación de aquellos negocios que son financieramente viables, a fin de que sus activos no sean vendidos por partes sino que pueda venderse posteriormente como un negocio en funcionamiento a un mejor valor de mercado.

7.         Conclusiones

En el presente trabajo se caracterizó la problemática de las sociedades inscritas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) que durante el periodo 2007 a 2016 declararon no tener ventas.   Los resultados encontrados indican que el 8.4% del patrimonio invertido en sociedades ecuatorianas, que asciende a 4 mil millones de dólares, no pudo ser utilizado en generar actividad económica entre los años 2014 a 2016.

Las empresas sin ventas pueden dividirse en dos grupos: aquellas con un patrimonio bajo, cuyo principal problema son los costos y trabas para salir de mercado, y aquellas que tienen un patrimonio elevado, invertido en activos que no están siendo utilizados, cuyos problemas tienen que ver con retraso de proyectos, falta de demanda y baja competitividad, por ejemplo.

Respecto al primer grupo, existe una gran cantidad de empresas sin ventas y con patrimonio menor a mil dólares, con una elevada tasa de supervivencia (54% permanecen en el mercado aún después de 7 años), mayor a la observada en una economía más dinámica y empresarial como Chile. Para facilitar la salida rápida, ordenada y de bajo costo para estas sociedades es urgente una Ley de Quiebras moderna, que siga los principios del Banco Mundial al respecto, y que también permita a las sociedades financieramente viables mantenerse intervenidas y activas hasta poder solventar sus deudas o venderse enteras a un mejor valor de mercado.

Respecto al segundo grupo, la inactividad se concentró principalmente en los sectores dedicados a la minería, actividades inmobiliarias, construcción, comercio y agropecuario. El patrimonio no utilizado en el sector minero se encuentra concentrado en cuatro sociedades propietarias de cuatro mega proyectos mineros: Mirador (cobre), Fruta del Norte (oro), Loma Larga (oro) y Panantza (oro), de los cuales dos aún no se encuentran en operación (Fruta del Norte y Loma Larga) y los otros dos están detenidos por problemas ambientales y sociales.  Si bien los problemas ambientales ocasionados han sido fiscalizados por la autoridad, los conflictos con la comunidad que han generado los proyectos resultan muy preocupantes y señalan la necesidad de tener una política de Estado más proactiva de consulta a las comunidades.

En los sectores inmobiliario y construcción, las medidas anunciadas recientemente por el gobierno, inyectando más de 2.7 mil millones de dólares de recursos mediante préstamos a tasas preferenciales para constructores y hogares, debieran ayudar a dinamizar la demanda y disminuir el patrimonio sin utilizar, aunque finalmente estos proyectos dependerán de la aprobación del presupuesto del Estado.

En los sectores comercio y agropecuario, la adopción de medidas de política de fomento debe ser motivada en mayor información y en acuerdo con las cámaras de comercio y de agricultura del país.  En el caso del sector agropecuario, la apertura de nuevos mercados externos o conseguir mejores condiciones de entrada para nuestros productos en los mercados actuales debiera formar parte de una agenda moderna de desarrollo para el país.

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[1]  Disponible en: http://www.ciec.espol.edu.ec/sites/default/files/BPE%20digital%20c.pdf

[2]  Información que puede obtenerse de http://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul

[3]  A  la fecha, Chile mantiene Tratados de Libre Comercio bilaterales y multilaterales con 64 economías, que en conjunto representan el 85% del PIB mundial y el 63% de toda la población. El PIB per cápita de Chile ascendió en el 2017 a cerca de los 25 mil dólares y la tasa de pobreza se ubicó en 8,6%.

[4]  En Chile se define el tamaño de las empresas por sus ventas anuales en UF: entre 0 y 2,400 UF se considera microempresa, entre 2,401 y 25,000 UF se consideran pequeñas, entre 25,001 y 100,000 UF se consideran medianas y mayores a 100,001 UF se consideran grandes.

[5]  Se agradecen los comentarios de Xavier Villavicencio Córdova, que nos ayudaron a depurar la base en estos aspectos.

[6]  De acuerdo al último Formulario 101 utilizado por la SCVS, los ingresos financieros incluyen: arrendamiento mercantil, comisiones, honorarios y tasas originadas en actividades de transacción financiera, intereses obtenidos por inversiones en instituciones financieras y préstamos a terceros, sean todos estos originados en empresas relacionadas o no relacionadas.

[7]  Corresponden a los siguientes CIIU revisión 4: K6420.00, K6430.00, K6430.10, K6611.00 y K6611.10.  También incluye  la empresa “Amovecuador S.A.” que, aunque está clasificada en la categoría J, de acuerdo al perfil de compañías EMIS (https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Amovecuador_SA_es_2443141.html) es una empresa que se dedica a la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularse y ejercer control, así como participar como socio o accionista en compañías nuevas o existentes.  Actualmente pertenece al grupo CLARO de México.

[8]  Otro mega proyecto minero, Rio Blanco, ya se encontraba en fase de operación tuvo que paralizar actividades en mayo de 2016 ante enfrentamientos con grupos opuestos a esta minería. 

[9]  Ver, por ejemplo, http://www.sea.gob.cl/ donde los ciudadanos pueden registrarse y revisar los estudios ambientales presentado por las empresas y revisiones de la autoridad al mismo, y la etapa de revisión en la que está.

[10]  Ver, por ejemplo, el caso del multimillonario proyecto minero Pascua Lama, que pertenecía a Barrick Gold, cuyo permiso ambiental fue finalmente revocado y su clausura definitiva ordenada por el Primer Tribunal Ambiental de Chile en Octubre de 2018, antes de entrar en operación.

[11]  Ver, por ejemplo, https://www.elcomercio.com/actualidad/mineria-granescala-avanza-ecuador-escollos.html

[12]  Ver, por ejemplo, los casos de los proyectos hidroeléctricos Alto Maipo e HidroAysén, en Chile.

[13]  Ver https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/nuevos-creditos-vivienda-construccion-ecuador

[14]  Ver https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.REG.DURS?locations=EC&view=chart; para el detalle de los trámites de inicio de un negocio en Ecuador, ver también: http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ecuador

[15]  Se agradece a la Cámara de Industrias de Quito por facilitar el listado de pasos para cerrar una sociedad en Ecuador.

[16]  Disolución de oficio: Cuando la Superintendencia de Compañías declara disuelta a una compañía sin capital, por no crear capital social; Disolución voluntaria: Solicitud dirigida a la Superintendencia de Compañías, firmada por el representante legal y abogado, escrituras y actas, designación del liquidador, etc.

[17]  Ver http://pubdocs.worldbank.org/en/919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-2016.pdf